Contar con un acceso igualitario a la justicia es el objetivo del “Protocolo de actuación para la atención en Justicia con Enfoque de Género”. Este instrumento entrega recomendaciones para las situaciones en que el Poder Judicial interactúa con la ciudadanía y sus distintos estamentos, fomentando el uso de un lenguaje accesible y riguroso, además de analizar distintos documentos enmarcados en la implementación de la Política de Igualdad de Género y no discriminación adoptada en febrero de 2018.
Bajo la dirección de la académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, Dra. Ximena Gauché Marchetti, el estudio identificó como problema de investigación la inequidad en el acceso a la justicia en grupos históricamente excluidos de sus derechos fundamentales y la oportunidad que brindaba el compromiso formal adoptado en 2015 por el Poder Judicial (PJUD) con la incorporación de la perspectiva de género.
La académica recalcó la importancia de las instituciones del Estado al momento de promover la disminución de brechas de género que aún persisten en el acceso a la justicia, por lo que se ha buscado materializar distintas acciones como las promovidas desde la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y no discriminación del Poder Judicial, aunque aún falta por avanzar.
“se requiere aún avanzar en proceso de formación y sensibilización, por ejemplo, para identificar los estereotipos que a veces afectan la tutela judicial efectiva. Además, hay condiciones estructurales del Poder Judicial, también presentes en otras instituciones, por cierto, que a veces influyen en que estos procesos de cambios no sean más rápidos. Ello ocurre, por ejemplo, con el carácter jerárquico de la institución”, afirmó.
Investigación
Para llegar a la elaboración de este protocolo se desarrolló como etapa inicial un proyecto de investigación financiado por la ANID (Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo) en la línea del Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico, Fondef, ejecutado entre 2018 y 2020.
“Se desarrolló un estudio interdisciplinario que se realizó como insumo además para la elaboración del Resultado de Producción de la Primera Etapa (el protocolo de actuación para la atención en justicia con enfoque de género y diversidad sexual) y que se constituyó en un Diagnóstico Integrado sobre Género, Diversidades sexuales y el Poder Judicial de Chile cuya síntesis se encuentra comprendida en la primera parte del protocolo, como parte de sus antecedentes” precisó Gauché.
Proyecciones
Si bien el protocolo aportará como solución de interés público, el problema de la inequidad en el acceso a la justicia de personas LGBTI sigue vigentes, la Dra. Gauché indicó que con el segundo fondo de financiamiento Fondef se estudiarán nuevas líneas de investigación y que en una segunda etapa se realizará una validación del resultado del producto del proyecto, en un modelo más cercano a su aplicación definitiva para continuar perfeccionando el protocolo.
“Esta solución será desarrollada con el acompañamiento y participación de entidades vinculadas al Poder Judicial”, indicó la investigadora, quien agregó que estas acciones pondrán especial atención a las funciones específicas que deben ejercer las personas que integran el sistema de justicia, además de las diversas particularidades que hoy se presentan en el sistema judicial chileno.
Nueva constitución y equidad de género
“Chile vive un momento único e histórico no sólo por la forma en que tendremos una nueva Constitución sino también por el carácter paritario del órgano que la redactará. Esto evidencia que, si bien las luchas por la igualdad de género son de larguísima data, en los últimos años a través principalmente de movimientos sociales, se ha visto favorecido el espacio para los cambios de diverso orden que se requieren” complementó la experta en género y diversidades sexuales, quien considera que la redacción de una nueva Constitución puede ser una oportunidad importante para avanzar en materia de género y en administración de justicia, asumiendo a su vez el desafío de hacer diversas modificaciones, desde lo que se conoce como ‘gobierno judicial’ hasta discutir sobre la paridad en los tribunales superiores o incorporar constitucionalmente el derecho de las personas a vivir libres de violencia de género.
“Este tipo de cambios favorecería avanzar de forma gradual pero más rápida en una justicia más cercana a las personas” cerró como reflexión final sobre este proceso.
