Por fin contamos con cifras estadísticas chilenas que dan cuenta del impacto que ha tenido la pandemia en las mujeres embarazadas.
Hasta la fecha, se han presentado más de 8000 mujeres embarazadas contagiadas con el virus COVID-19 en nuestro país, de las cuales, más de 300 han requerido hospitalización y se han tenido que lamentar 5 fallecimientos.
Si bien, desde el punto de vista médico, no hay diferencias significativas en el comportamiento del virus en las embarazadas sin factores de riesgo, si ha quedado demostrado un aumento del parto prematuro y la tasa de cesáreas, dos indicadores sumamente relevantes en la salud perinatal mundial y por supuesto, chilena.
Considerando lo anterior, me parece como mínimo cuestionable el trato desigual, que reciben las mujeres embarazadas en nuestro país, desde el punto de vista de los beneficios laborales en el contexto de pandemia, considerando que, el código sanitario ofrece a la embarazada, funcionaria en un servicio público de salud, su desvinculación con goce de sueldo, de sus funciones presenciales desde el momento en que informa a su jefatura acerca de su estado de gravidez, continuando posteriormente con su derecho de descanso prenatal y postnatal. Situación que ofrece un nivel de protección ideal. A diferencia de lo que ocurre en aquellas funcionarias afectas al código del trabajo, en donde la actual ley Nº21.260, establece que el empleador deberá ofrecer, en común acuerdo con la mujer, alternativas de teletrabajo, cuando sea posible, y de no serlo, ofrecerá trabajo presencial con el mínimo contacto con terceros. Situación que genera conflicto importante entre el empleador y la trabajadora, que desemboca muchas veces en maltrato, estrés y sobrecarga del sistema de salud, a través de la solicitud de licencias médicas no justificadas.
Urge emparejar la cancha y reconocer la inversión que significa la protección de la gestación y el nacimiento en contexto de pandemia.
