El proceso constituyente abre la posibilidad de pensar por primera vez una Constitución que refleje una mirada país plenamente democrático. Tenemos el desafío de que la Constitución sea el fruto de la voluntad colectiva y consensuada de nuestros pueblos, y no sólo de una élite sobrerrepresentada. La actual democracia restringida y tutelada opera cerrando la toma de decisiones a la ciudadanía, al mismo tiempo que asegura el acceso directo de los poderes económicos al Estado y sus representantes.
El momento invita a construir otra forma de democracia, que rompa con la centralidad del voto y la lógica que cede toda la agencia política a los representantes. Una democracia que se funde sobre la participación popular real, estableciendo mecanismos de participación y control democrático permanentes, que obliguen al Estado a responder ante la ciudadanía y a transparentar todos sus procesos como práctica regular.
Detrás de esta democracia está la idea de una ciudadanía diferente, que no dependa del poder económico o adquisitivo de quienes la detentan, sino que asegure la participación política vinculante de tod@s quienes habitamos este territorio en el marco de un conjunto de derechos sociales básicos garantizados, y asumiendo las desigualdades existentes en el acceso a la vida política.
Hemos demostrado en las calles y en las urnas que nos interesa la política pues atañe a nuestra vida en común. La mayoría de l@s chilen@s rechazamos a los partidos de la política actual, pero al mismo tiempo la masiva protesta social desde octubre y su rotundo apoyo por parte de la ciudadanía muestra con claridad que queremos recuperar la posibilidad de un futuro verdaderamente nuestro.
Es nuestro deber ampliar la democracia y lograr que todas las voces y voluntades excluidas se expresen en la nueva Constitución, pero esta expresión no puede reducirse a un texto. Es necesario establecer mecanismos que permitan la manifestación permanente de la voluntad popular en el Estado. Este giro permitiría la expresión de movimientos territoriales y sociales, dando espacio a la diversidad de demandas y formas organizativas de nuestros pueblos. Un nuevo país debe incluir la diversidad de la que somos parte, reconociendo la plurinacionalidad y sin postular de antemano una identidad única.
La democratización radical por la que abogamos implicaría recoger las grandes demandas de la sociedad: abrir espacios para políticas públicas que consideren la desigualdad de género y un enfoque feminista (como la educación sexual integral), resguardar el ambiente por sobre el extractivismo, y construir un Estado que garantice derechos sociales tan básicos como educación, vivienda y salud de calidad. Sólo una democracia real nos permitirá expresar la diversidad que nos compone, abrir la puerta a la participación de nuevas generaciones con sus demandas y asegurar un futuro para todas y todos.
