A casi seis meses de haber iniciado una reestructuración del Gabinete, el Gobierno nacional argentino confirmó el cierre definitivo de lo que fue el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades durante la gestión de Alberto Fernández. La noticia fue confirmada a través de un comunicado emitido por el Ministerio de Justicia, dependiente de Mariano Cúneo Libarona, lo inusual de este ejercicio poco ética, fue la retórica argumentativa para la fundamentación del por qué; “Este organismo fue creado y utilizado por la administración anterior con fines políticos-partidarios para proponer e imponer una agenda ideológica, contratar militantes y organizar charlas y eventos”.

La máscara cae, ante el cierre del Ministerio de la Mujer en Argentina y lo es porque antes de considerarse como una política de estado, se procede con una justificación poco democrática que vulnera absolutamente la institucionalidad y los derechos fundamentales, sociales, sexuales y reproductivos de las mujeres y las disidencias de género en Argentina, comprendiendo además el valor de la equidad de género como un pilar fundamental para cualquier democracia moderna.

El Ministerio de la Mujer, creado para institucionalizar y legitimar los derechos y necesidades de minorias historicamente vulneradas desde el espacio publico, desempeña un papel crucial en la lucha contra la violencia de género y la discriminación estructural. De hecho, la existencia de estas instituciones permite sin duda, desafiar y transformar los discursos androcentristas y masculinizados, cuya representación se encuentran, paradójicamente en el comunicado representado por el ministro de justicia argentino, el cual evidencia la importancia de esta institución, cuya eliminación es vista como un retroceso significativo a los  avances hacia una sociedad más equitativa.

La violencia de género en América Latina es una problemática social, política y cultural estructural como afirma Rita Segato, enraizada en el poder. Cerrar el Ministerio de la Mujer en este contexto no solo es un acto de negligencia; sino un acto político que legitimiza pública y democráticamente el desconocimiento y desprotección jurídica de todas las víctimas que han sufrido y siguen sufriendo violencia. Es abdicar de la responsabilidad estatal de proteger a sus ciudadanas, y es, en última instancia, un acto de violencia institucional.

El comunicado oficial que justifica el cierre del ministerio con acusaciones de fines político-partidarios y falta de efectividad en la reducción de delitos sexuales y de género, es reduccionista e ignorante desde la comprensión amplia del fenómeno  de la violencia de género en Argentina. Según el último reporte del Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano” dirigido por la asociación civil La Casa del Encuentro en Argentina, de lo que va de este 2024 se cometieron 127 crímenes fatales de violencia de género. Desde el 1 de enero al 31 de mayo de 2024, se han caratulado 114 feminicidios, tres lesbicidios, un trans/travesticidio y nueve feminicidios vinculados de varones adultos y niños.

No estamos hablando de charlas y eventos superfluos. Hablamos de recursos, de protección de vidas humanas.

La eliminación de esta institución no es solo una cuestión simbólica. Significa despriorizar las políticas de género en la agenda pública y desmantelar estructuras administrativas esenciales para la implementación de políticas que buscan alcanzar la plena igualdad de derechos entre ciudadanos.

La inclusión y representación equitativa de las mujeres en las instituciones políticas y públicas es esencial para que todas las voces sean escuchadas (Dahlerup, 2006). La equidad de género mejora la representatividad y la gobernanza y aborda una gama amplia de temas cruciales para el bienestar social y económico (Kittilson, 2008).

En un continente donde los movimientos feministas han sido motores de cambio y visibilización de injusticias, el cierre de un ministerio dedicado a las mujeres, disidencias y minorías sexuales, lejos de triunfos e ironías es un retroceso monumental. Esta medida desmoviliza a los actores sociales que exigen mayor equidad y expresa un mensaje burdo y contrario a las políticas y tratados internacionales en materia de derechos fundamentales.

El principio de igualdad y equidad de género no es un lujo ni una ideología de moda. Es una necesidad urgente y básica. La Organización Mundial de la Salud (2013) destaca que la violencia de género es una de las principales causas de muerte y discapacidad para las mujeres en todo el mundo. El Foro Económico Mundial (2018) subraya que la igualdad de género puede incrementar significativamente el PIB de un país. Ignorar esto es no solo ignorancia, es antidemocrático.

Por Patricio Velásquez, académico e investigador en estudios de género.