Escrito por: Paloma Castillo

El proyecto de ley “Escucha su Corazón” quedó momentáneamente sin avances luego de que el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados, Andrés Celis (RN), señalara que la iniciativa no será priorizada por la instancia en el corto plazo. La decisión mantiene en pausa la discusión de una propuesta que ha generado debate entre especialistas y organizaciones médicas por sus posibles efectos en la autonomía de las mujeres y su bienestar emocional.

Presentado por los diputados Cristóbal Urruticoechea (PNL), Álvaro Jofré (PNL), Chiara Barchiesi (PRCh), Catalina Del Real (PRCh) y Claudia Reyes (PRCh), el texto establece que el personal médico deberá informar a las mujeres sobre la detección de actividad cardíaca embrionaria o fetal y ofrecerles la posibilidad de escuchar los latidos antes de decidir sobre la interrupción del embarazo. Si la mujer rechaza esto, la iniciativa señala que el/la profesional de salud deberá negarse a realizar el aborto.

Efectos en la salud mental

Para Nicole González, psicóloga clínica con enfoque de género, el impacto emocional que podría generar una medida de este tipo no sería igual para todas las mujeres, ya que dependerá de factores como su historia de vida, el contexto del embarazo, las redes de apoyo disponibles y su estado de salud mental.

“La evidencia en psicología del trauma muestra que las personas que han vivido experiencias de violencia, especialmente violencia sexual o violencia de pareja, son más vulnerables a situaciones en las que perciben una pérdida de control sobre su cuerpo o sus decisiones. Asimismo, favorecer la autonomía, el sentido de control y la capacidad de tomar decisiones constituye un componente fundamental de la recuperación psicológica”, señaló la profesional.

Según explicó, establecer como requisito obligatorio escuchar la actividad cardíaca fetal antes de una interrupción legal del embarazo podría provocar, en algunas mujeres, un aumento del malestar emocional, ansiedad, culpa o incluso reactivar experiencias traumáticas.

“Es importante destacar que el posible impacto psicológico no deriva necesariamente de escuchar los latidos, sino de que esta exposición sea obligatoria para acceder a una prestación de salud”, precisó.

De acuerdo con datos del Ministerio de Salud analizados por la Defensoría de la Niñez, entre agosto de 2018 y septiembre de 2025, 560 niñas y adolescentes ingresaron al procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo.  Del total de los casos, el 86% correspondió a embarazos producto de una violación, el 55% involucró a adolescentes de entre 14 y 17 años, y el 15,7% correspondió a personas de nacionalidad extranjera.

Frente a este escenario, González advirtió que una parte importante de las personas que podrían verse afectadas por una eventual modificación de la normativa corresponde a menores de edad que han enfrentado experiencias altamente traumáticas. En ese contexto, enfatizó que las decisiones en materia de salud deben priorizar la protección de sus derechos y bienestar. «Las intervenciones sanitarias deben orientarse a resguardar la autonomía, la dignidad y el sentido de control de las personas, promoviendo decisiones libres e informadas y evitando incorporar procedimientos que puedan incrementar innecesariamente el sufrimiento psicológico o favorecer experiencias de revictimización», agregó.

Organizaciones médicas expresaron reparos

Las aprensiones respecto del proyecto no solo surgieron desde el ámbito de la salud mental. Diversas organizaciones médicas también cuestionaron la iniciativa mediante declaraciones públicas, advirtiendo que la modificación propuesta carecería de utilidad clínica y podría afectar principios como la autonomía de las pacientes, el consentimiento informado y la relación médico-paciente.

Desde la Asociación Ginecólogas Chile señalaron que “imponer una actuación sin beneficio diagnóstico o terapéutico desplaza el juicio profesional, transforma un acto médico en el cumplimiento de una exigencia legal y puede aumentar el sufrimiento de mujeres y niñas que ya enfrentan situaciones de extrema vulnerabilidad”.

En la misma línea, el Colegio Médico de Chile sostuvo que “lo verdaderamente relevante es resguardar que cada mujer reciba una atención respetuosa y un acompañamiento acorde con sus necesidades. El consentimiento informado no se fortalece por la incorporación obligatoria de una determinada práctica, sino por la calidad de la relación clínica, la confianza entre paciente y equipo de salud y la posibilidad de tomar decisiones sin presiones”, planteó la Mesa Directiva Nacional.

Especialista enfatiza la importancia del acompañamiento psicológico

Más allá del debate legislativo, Nicole González sostuvo que cualquier decisión relacionada con la interrupción del embarazo debe resguardar la autonomía de las pacientes y desarrollarse en un contexto libre de presiones Asimismo, destacó la importancia de contar con acompañamiento psicológico antes y después del procedimiento, de manera que las mujeres puedan enfrentar el proceso con apoyo profesional.

“Su objetivo no es influir en la decisión de la mujer, sino ofrecer un espacio seguro para elaborar emociones, disminuir el malestar y favorecer decisiones libres e informadas. Cuando es necesario, este acompañamiento también facilita la elaboración del duelo o de experiencias traumáticas, especialmente en casos de violencia sexual, inviabilidad fetal o antecedentes de problemas de salud mental”, concluyó.