Por María Inés Álvarez. Abogada, socióloga y doctoranda en Historia. Profesora Universidad de La Serena y Universidad de Concepción.
En la historia laboral de Chile, el concepto de paternalismo industrial ha sido clave para entender cómo las empresas no solo organizaron la producción, sino también la vida cotidiana de sus trabajadores. Como señaló José Bengoa (1990), el paternalismo extendió el poder patronal más allá de la fábrica, controlando vivienda, salud, educación y consumo, mediante lo que él denominó un “contrato moral”.
En distintos puntos del país —desde las oficinas salitreras del norte, pasando por el carbón en Lota y Coronel, hasta las textiles en Santiago— el paternalismo configuró jerarquías sociales, pero también abrió espacios de negociación. Investigadores como Peter DeShazo (1983) y Gabriel Salazar (2006) han demostrado que este modelo fue uno de los más eficaces para limitar la organización autónoma, aunque nunca logró sofocar del todo la capacidad de agencia de los trabajadores.
En este escenario, la mirada de género resulta imprescindible. Los estudios de Alejandra Brito (2007, 2010, 2015) han mostrado que el paternalismo no solo disciplinó a los hombres, sino que reguló la presencia de las mujeres en el trabajo fabril mediante discursos de moralidad y domesticidad. Sin embargo, lejos de ser sujetos pasivos, las mujeres negociaron, resistieron y transformaron esas fronteras, utilizando su salario como un recurso para ampliar márgenes de autonomía frente a sus familias y al orden patriarcal.
Un caso emblemático de este proceso se vivió en el sur de Chile, particularmente en Chiloé, con la llegada de la industria salmonera a fines de los años setenta. En un contexto de dictadura militar, donde la organización sindical estaba fuertemente restringida, las empresas salmoneras desplegaron un modelo paternalista: transporte, alimentación, bonos y asistencia social se convirtieron en parte del contrato no escrito con sus trabajadoras. Como observó María Eugenia Alvarado (2001), muchas mujeres ingresaron por primera vez al trabajo asalariado estable en estas plantas, experimentando a la vez nuevas dependencias y nuevas posibilidades de autonomía.
El contraste con la historia previa es revelador. Como han documentado Patricia Henríquez (2002, 2006) y Claudia Zapata (2007), la economía insular descansaba en gran medida sobre el trabajo invisible de las mujeres en la agricultura de subsistencia, el marisqueo y la vida comunitaria. La transición al salario fabril representó, entonces, una ruptura histórica: por primera vez, el aporte económico de las mujeres fue reconocido en términos monetarios.
Esta experiencia chilota nos habla de una ambivalencia profunda. Por un lado, el paternalismo industrial reforzó la dependencia hacia la empresa; por otro, habilitó la emergencia de nuevas identidades de género y laborales. Tal como proponen Nancy Fraser (1997) y Maxine Molyneux (1985), la autonomía debe leerse en un doble registro: económico, en tanto las mujeres diversificaron ingresos y redujeron su dependencia conyugal; y político, porque el trabajo fabril abrió espacios de socialización y organización incipiente que trascendieron el ámbito doméstico.
En este sentido, Chiloé no es una excepción aislada, sino parte de una historia más amplia que cruza las regiones de Chile. En el norte, en el centro y en el sur, las mujeres han debido disputar su lugar en economías profundamente masculinizadas. La historiografía muestra que cada vez que ingresaron a espacios industriales —desde las textiles hasta el cobre, desde el carbón hasta el salmón— lo hicieron enfrentando no solo barreras económicas, sino también culturales y de género.
Mirar esta historia regional desde la perspectiva de las mujeres no solo llena un vacío en la historiografía nacional. También ofrece claves para los debates actuales sobre desarrollo territorial, género y trabajo. Rescatar la experiencia de las mujeres trabajadoras nos recuerda que ellas “ensancharon los límites de lo posible” (Brito, 2015), abriendo caminos de autonomía y agencia que hoy resultan imprescindibles para pensar un desarrollo más justo e inclusivo.
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