Por Patricio Velásquez, académico y co investigador de la Radiografía de Género del Biobío.
Hace unos días, una conversación cotidiana se volvió una pregunta de fondo. Un amigo comentó, con esa mezcla de ironía y cansancio tan chilena: “Me preocupa lo vulnerables que somos los gays, las disidencias y las mujeres. Con un cambio de gobierno, de un día para otro podríamos perderlo todo”. Su frase me hizo pensar en algo que trasciende la coyuntura electoral: la fragilidad del Estado de derecho cuando la institucionalidad se debilita y el marco jurídico que protege la diversidad, la equidad y la inclusión se vuelve dependiente del signo político del poder. La pérdida de garantías normativas, de leyes, coberturas y políticas públicas, no solo implica retrocesos administrativos; compromete la vigencia misma de los derechos sociales y como eso erosiona las relaciones y la interacción social.
Las elecciones presidenciales, en este contexto, no sólo designan a una autoridad. Definen el rumbo del país en materia de derechos, libertades y convivencia democrática. Determinan si las políticas de igualdad seguirán siendo un compromiso de Estado o quedarán sujetas a los vaivenes del gobierno de turno. La evidencia internacional muestra con claridad lo que ocurre cuando el aparato institucional deja de sostener ese principio de protección: la justicia social se resquebraja y aumenta la vulnerabilidad, la discriminacion, la violencia y la exclusión, por eso si importa por quién votamos.
En Argentina, tras la transición de gobierno en 2023, bajo la administración del presidente Milei, se eliminó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. En pocos meses, se recortaron presupuestos y se redujeron los programas de prevención de violencia. El Observatorio Nacional de Crímenes de Odio (2025) reportó un aumento del 70% en los ataques hacia personas LGBTIQ+ durante el primer semestre de ese año. El informe fue claro: el clima político que deslegitima la agenda de género también habilita la violencia.
En Estados Unidos, el FBI (2024) registró 11.679 delitos de odio, uno de los niveles más altos en veinte años. Un 17% estuvo motivado por orientación sexual y un 4% por identidad de género. El Southern Poverty Law Center (2024) advierte que el aumento se relaciona con discursos que restringen derechos reproductivos y educación en diversidad. La conclusión es clara: cuando el poder estigmatiza, la violencia crece.
Los discursos institucionales, expresados en los valores y propuestas de quienes hoy aspiran a la Presidencia y al Congreso importan, porque no solo describen la realidad: la construyen. Como señala Connell, las palabras del poder delinean los límites de lo que una sociedad considera legítimo. Cuando esos discursos, bajo la idea de “recuperar los valores tradicionales”, se anclan exclusivamente en una noción binaria, centrada en la figura del hombre y la mujer, lo que hacen es reinstalar jerarquías históricas de género y exclusión aún cuando se exacerbe la seguridad como principal bien jurídico protegido, pues la seguridad es para todos y todas. Normalizar estas jerarquías no es un acto inocente, consolida un orden que restringe la diversidad, legítima la desigualdad y abre el camino al aumento de la violencia simbólica, que ojo, es más grave cuando ahora se hace desde el Estado, pues ello se traducen en profundas desigualdades, más de las que ya hay.
Cuando el Estado se debilita o se retira, emerge lo que Fraser, denomina “crisis de reconocimiento”: mujeres, masculinidades subordinadas y disidencias vuelven a quedar fuera del pacto social. Esa exclusión afecta la cohesión, la economía, la confianza y la seguridad. Retroceder en reconocimiento e igualdad no solo tiene costos humanos; también erosiona el desarrollo.
La institucionalidad democrática cumple un papel esencial. Los consensos sobre igualdad y diversidad no se construyen desde la trinchera, sino desde el acuerdo. Es cierto, que las disidencias han debido actuar históricamente desde la divergencia, pues han requerido construir un espacio de reconocimiento y no en contra de otros, sino en favor de sí mismos. Y es en esa institucionalidad, donde las transformaciones estructurales necesitan leyes, garantías constitucionales y voluntad política. La justicia social sólo se consolida cuando las instituciones garantizan condiciones, acceso y legítimos derechos sociales para que todos y todas las personas desarrollen sus capacidades.
Por eso, votar informado es mucho más que cumplir con un deber cívico: es decidir el tipo de país que queremos habitar. Las políticas de igualdad no son ideología, son la expresión más concreta de la democracia en movimiento. Definen si avanzamos hacia un Chile que amplía las libertades o si regresamos a un modelo que restringe quién puede amar, decidir o vivir en paz. Su permanencia no depende solo de los gobiernos, sino de instituciones sólidas y de una ciudadanía que las sostiene con convicción y memoria.
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