En noviembre se conmemora el Mes de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha destinada a visibilizar, prevenir y erradicar todas las formas de violencia de género, a través del impulso de políticas públicas efectivas, la promoción de la conciencia social y el fortalecimiento de los mecanismos de apoyo a las víctimas. En este contexto, y con el objetivo de abordar las particularidades del territorio, Empoderadas conversó con la seremi de la Mujer y la Equidad de Género del Biobío, Camila Contreras, quien analiza la realidad regional, las estrategias de sensibilización y el trabajo conjunto con las comunidades para generar avances.

En el marco del Mes de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ¿cómo caracterizaría hoy el panorama regional de la violencia de género?

—Las cifras son dinámicas. Más bien, la preocupación está en los desafíos que tenemos por las características de la zona. Es una región bastante grande, con alto índice de ruralidad y dificultades de conectividad para llegar a todas las comunas y fortalecer la presencia policial. Nos preocupa la cantidad de denuncias, aunque también valoramos que las mujeres se atrevan a denunciar más estos delitos.

En ese contexto, ¿qué lectura hacen respecto de los casos de femicidios y femicidios frustrados?

—Muchas veces, por ejemplo, nos encontramos con casos graves donde no hay denuncias previas. Eso claramente nos preocupa, porque uno ha de suponer que hay un antecedente de violencia anterior que no fue denunciado, y que pudo haber levantado las alertas, o una cautelar para evitar algo mayor.

Actualmente tenemos dos femicidios consumados en Los Ángeles y en Mulchén, y van 21 femicidios frustrados, cifra mayor a 2024. Hacemos la valoración de que afortunadamente se pudo llegar a tiempo y evitar que esto terminara en un femicidio consumado. Por otro lado, también hay una mayor concientización sobre los grados de violencia. Por tanto, quizás algo que antes era tipificado como lesiones graves ahora se considera un femicidio frustrado y eso va de la mano con las capacitaciones a Carabineros y al Poder Judicial, para dimensionar la envergadura de los casos de violencia que tenemos en la región.

Considerando ese diagnóstico, ¿de qué manera se está integrando a la comunidad en la prevención y sensibilización sobre la violencia de género, especialmente en zonas rurales o con menor conectividad?

—Lo hemos hecho desde agosto y, con mayor fuerza, en noviembre, en las provincias de Arauco y del Biobío, además de distintas comunas. La bajada que hacemos es cómo impactamos a las mujeres a través de charlas y capacitaciones. Tenemos material en chedungun, por ejemplo, y facilitadoras en cada territorio para llegar con esa estrategia a las distintas comunidades, ya sean indígenas o mujeres campesinas.

¿Qué avances o mejoras se han implementado en la red de apoyo a las víctimas?

—Hoy existen 24 centros especializados en violencia de género en el país; en la región del Biobío hay dos en Los Ángeles y Concepción, además de 16 Centros de la Mujer. Por otro lado, nuestra región fue la primera en entregar pensiones por la Ley de Reparación para Víctimas de Femicidio, que busca reparar a las víctimas directas e indirectas, entregando una pensión a los hijos menores de 18 años y beneficios a las mujeres sobrevivientes, como un fuero laboral que es muy necesario para que no teman perder sus trabajos mientras están en tratamientos o procesos judiciales.

También tenemos convenios con las corporaciones de asistencia judicial de toda la región del Biobío, donde las causas de violencia intrafamiliar tienen atención preferente. Las mujeres pueden recibir orientación y se hace la derivación a los Centros de la Mujer, o viceversa. Así, hemos avanzado en cobertura: llegamos a más del 85% de la región, inauguramos nuevos Centros de la Mujer, el último fue en San Pedro, hace dos meses y contamos con dos residencias transitorias para albergar a mujeres sobrevivientes de casos graves.

En los últimos años se han visibilizado nuevas expresiones de violencia, como la digital o la económica. ¿Cómo se están abordando desde la región y qué desafíos presenta esto, especialmente considerando la nueva ley?

—Justamente, la Ley Integral 21.675 reconoce nueve tipos de violencia y nuevas formas, como la violencia digital o la difusión de fotos íntimas, lo que permite abrir procesos judiciales para sancionar.

También hemos puesto énfasis durante 2024 y principios de 2025 en la campaña “Si es violencia, no la hagas viral”, especialmente dirigida a públicos jóvenes, porque sabemos que puede afectar a mujeres de distintas edades, pero sobre todo a quienes están más familiarizadas con las redes sociales. Además, difundimos en los establecimientos educacionales el artículo 12 de la Ley Integral, que promueve una educación no sexista. Este artículo exige a los establecimientos contar con protocolos de denuncia en casos de violencia de género, incluyendo la violencia digital, y que no lo vean como un “juego de niños”, sino como una expresión de violencia de género.

Finalmente, en un mes de reflexión, pero también de acción, ¿qué mensaje le gustaría transmitir a la comunidad respecto del rol que cada persona puede asumir en la erradicación de la violencia contra las mujeres?

—Primero, insistir en nuestra campaña “Una Ley en Nombre de Todas”, para que la conozcan y visiten la página web leyintegral.cl, donde se detalla en qué consiste, cuáles son sus objetivos, los distintos tipos de violencia que aborda y las responsabilidades de los órganos del Estado para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género.

Por otro lado, hacer un llamado a la conciencia entre hombres, mujeres y la ciudadanía en general. Estamos en un mes de elecciones parlamentarias y presidenciales, y se habla mucho de violencia, pero a veces se deja de lado la violencia de género, como si no existiera. Pedirle a la ciudadanía que reflexione y se comprometa. Si son testigos, que denuncien. También hablar a los hombres o a las personas que ejercen violencia: asistir al sistema de salud, cambiar conductas. Sabemos que el Estado tiene muchos desafíos para erradicar la violencia, pero necesitamos el compromiso de la ciudadanía. Y, en este contexto electoral, que las autoridades, los candidatos y la comunidad tomen en serio esta problemática.