Por María Gabriela Huidobro Salazar. Doctora en Historia, decana Asociada de la Escuela de Humanidades y Educación, Tecnológico de Monterrey y académica de la Universidad Andrés Bello.
En octubre de 1872, una mujer llamada Antonia Tarragó llegó hasta la Universidad de Chile con un requerimiento para el consejo académico de esa institución. Era profesora y dirigía el Liceo Santa Teresa en Santiago, que se dedicaba a ofrecer para las niñas, una educación similar a la que, por entonces, caracterizaba a la instrucción científico-humanista que se consideraba propia de la formación masculina.
La solicitud de Tarragó era clara y directa: buscaba que los estudios que cursaban sus alumnas fueran reconocidos por el Consejo Universitario y que, por lo tanto, se les permitiera rendir los exámenes de admisión a la universidad. Desde su perspectiva, no había motivo para negárselo. Ninguna ley prohibía a las mujeres, de forma explícita, el acceso a la universidad. Eso había permitido que, en 1810, María Dolores Egaña Fabres hubiera sido admitida en la Real Universidad de San Felipe, aunque no pudo concluir sus estudios dado el inestable contexto político de la época. Sin embargo, desde entonces, ninguna otra había hecho el intento, básicamente, porque las mujeres no tenían acceso a una formación científico-humanista que las preparara para esos exámenes. Antonia, en cambio, sabía que sus estudiantes sí estaban listas para el desafío.
El Consejo Universitario acusó recibo, pero no evaluó la solicitud de la profesora. Pasaron cuatro años y pese a la insistencia de la tenaz directora Tarragó, la petición no fue considerada en tabla para su discusión. Eso no la desanimó. Año a año, volvía a la Universidad de Chile con el mismo requerimiento, al que pronto se plegó Isabel Le Brun, fundadora del liceo femenino de La Recoleta. Y fue precisamente esta última quien, en 1876, logró que el entonces decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Diego Barros Arana, aceptara visitar ese establecimiento para constatar con sus propios ojos que las niñas allí educadas alcanzaban el mismo nivel que los varones.
El empeño de estas profesoras, en un contexto en el que diversas voces clamaban por la ampliación de los derechos, roles y espacios para las mujeres en Chile, permitió que el 6 de febrero de 1877, el ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública, Miguel Luis Amunátegui, firmara el decreto 547. Este reconoció la necesidad de dar a las mujeres oportunidades de estudio para valerse por sí mismas, para lo cual se aprobó su derecho a rendir exámenes de admisión universitaria.
Sólo así, tres años después, Eloísa Díaz pudo postular a la carrera de Medicina y egresar como la primera profesional latinoamericana en ese rubro, seguida de Ernestina Pérez que se graduó con el mismo título días después.
El decreto que dio el derecho a las chilenas a cursar estudios universitarios lleva el nombre del ministro y lo conocemos coloquialmente como Decreto Amunátegui, que este mes celebra sus 149 años. No obstante, no debemos olvidar que, bajo su historia, subyace el esfuerzo, la convicción y la tenacidad de profesoras, alumnas y madres que, conscientes de sus capacidades, ambiciosas y soñadoras, torcieron la mano del destino para abrirnos el camino a muchas más y nos recuerdan, hoy, que los cambios duraderos rara vez comienzan con decretos, sino con convicciones sostenidas en el tiempo.