Por Mariagracia Lorca Valdés
Durante 2023, se presentaron 19.880 denuncias por violación y delitos sexuales en Chile, de las cuales un 82% fueron realizadas por mujeres, según datos del Centro de Estudios y Análisis del Delito. Estas cifras evidencian la gravedad de un problema que, además, abre un debate necesario sobre el papel de los medios de comunicación en el tratamiento de estos casos.
El informe «Desenfocadas: cómo opinar e informar mejor sobre violencia de género», elaborado en 2023 por la consultora española de comunicación LLYC, analiza diferentes aspectos del tratamiento mediático de la violencia de género en países latinoamericanos. Entre sus principales hallazgos, destaca que 1 de cada 6 noticias exponen datos personales de las víctimas, y que el 20% de las publicaciones justifican las agresiones con argumentos como la provocación.
Estas cifras dejan en evidencia que los sesgos de género y las carencias en el abordaje mediático de los delitos sexuales están más presentes de lo que se percibe, perpetuando un discurso violento hacia las víctimas. Así, además de enfrentar la agresión, las mujeres deben ver cómo su caso se convierte en objeto de exposición y comentarios en medios de comunicación y redes sociales.
Una de las consecuencias de esta exposición mediática es la revictimización. La antropóloga y académica Lydia Gainza explica que “es un fenómeno donde la persona que fue víctima de violencia sexual vuelve a revivir los eventos traumáticos, en el caso de los medios de comunicación, principalmente lo podemos ver cuando aluden una responsabilidad de la víctima más que del victimario”.
La legislación y sus límites: el rol de la Ley Antonia
En respuesta a la creciente demanda de protección a las víctimas de violencia de género, la Ley Antonia fue un paso importante en Chile. Puesto que la normativa promulgada en 2022, por el caso de Antonia Barra, tipifica el suicidio femicida y la inducción al mismo. Además, busca restringir defensas que justifican la violencia sexual, proporciona herramientas y apoyo a las víctimas.
Sin embargo, a la fecha el Ministerio Público no ha entregado cifras que permitan establecer hasta qué punto la normativa ha amparado a las víctimas. Según María Ignacia Ferrada, abogada del estudio jurídico «Defiéndete Mujer», la ley aún resulta insuficiente para proteger integralmente a las víctimas en su exposición mediática y en la sociedad.
Ferrada señala que “no podemos quedarnos solo con leyes; lo que se debe generar es un cambio profundo en cómo se estructura todo el apoyo legal y emocional desde el primer momento en que la víctima realiza la denuncia». A su juicio, una verdadera protección debería incluir una perspectiva de género más robusta en todo el sistema judicial, además de una educación inclusiva en jueces, medios y la sociedad en general, para asegurar espacios seguros en los que las víctimas puedan denunciar sin temor a ser revictimizadas.
Manejo mediático: teorías y cuestionamientos al relato de las víctimas
Los medios de comunicación, además, juegan un rol crítico en la percepción social de las víctimas y pueden profundizar la revictimización. Josefa Araya, periodista encargada de comunicaciones de Fundación Antonia y creadora de contenido con perspectiva de género, explica que prácticas periodísticas como el uso de datos identificables, junto a la tendencia de teorizar y cuestionar la veracidad de los relatos, refuerzan los estigmas.
«Informar subjetivamente o dar espacios para teorizar sobre lo denunciado genera desconfianza en las víctimas», comenta Araya. Este enfoque, donde se valida la especulación sobre el relato, expone a las víctimas a un juicio público que puede disuadirlas de denunciar.
Desde su experiencia, la periodista subraya que los medios necesitan capacitaciones urgentes en perspectiva de género. “Quienes reportan y quienes están en el estudio deben aprender a informar sin estigmatizar o vulnerar los derechos de las víctimas», agrega. En tanto, este tipo de cobertura termina convirtiéndose en un obstáculo para que la denuncia se vea potenciada, alimentando la desconfianza de quienes necesitan respaldo social y legal para sanar.
Responsabilidad periodística y cobertura ética con perspectiva de género
Patricia Alrringo, presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas, destacó la importancia de contar con editores de género en los medios de comunicación: “Falta un editor de género en los medios de comunicación, alguien con experiencia en cómo se comunica y resguarda tanto a la víctima como al victimario”.
“Desde la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas, lanzamos un manual de género y medios que aborda, entre otros puntos, la violencia contra las mujeres. Es fundamental que los medios den el contexto necesario para que se comprenda el hecho y para que puedan actuar como agentes de cambio cultural, frenando las conductas violentas y respetando la presunción de inocencia”, comenta Alrringo.
Así mismo, la presidenta también destaca que “la prensa recibe mucha información filtrada del poder judicial, lo cual contribuye a la culpabilización de la víctima al incluir datos personales o factores como el abuso de alcohol”. Para ella, esto no solo estigmatiza, sino que también hace peligroso el proceso para la víctima denunciante. “Aquí es esencial abordar el tema desde lo ético y desde el rol de los medios como agentes de cambio cultural”, finalizó.
