Patricio Velásquez, co investigador de la radiografía de género del Biobío 2024.
En la actualidad, en varios países, las decisiones de gobiernos de cerrar instituciones de género, reducir presupuestos y modificar políticas de inclusión evidencian un alejamiento de políticas de Estado orientadas a la equidad. Estas no solo limitan la capacidad institucional para abordar la desigualdad, sino que también profundizan la violencia y la exclusión en sociedades donde las brechas de género siguen siendo medidas estructurales y transversales a distintas dimensiones de la vida. Ante este escenario, la pregunta es ineludible: ¿se trata de una reestructuración estatal o de un retroceso en derechos fundamentales?
Según Amnistía Internacional (2023), la eliminación de políticas de género incrementa la vulnerabilidad de sectores históricamente discriminados, agudizando la discriminaciòn arbitraria en ámbitos institucionales, sociales y estatales. Sin protección efectiva, las agresiones se normalizan y los Estados vulneran el principio de no regresividad de los derechos humanos. Este patrón global no es una simple reorganización administrativa, sino un retroceso en garantías fundamentales. El desafío es doble: reforzar el debate con las instituciones del Estado y avanzar en una formación transversal que integre la equidad como un eje estructural de las políticas públicas.
Hace un año observamos como en Argentina, el gobierno de Javier Milei eliminó el Ministerio de la Mujer y el INADI, además de prohibir el lenguaje inclusivo en la administración pública. Hace 3 semanas, en Estados Unidos, Donald Trump puso fin a iniciativas de diversidad e inclusión, bajo discursos nacionalistas que vulneran tratados internacionales. En Chile, el Gobierno Regional del Biobío cerró sus oficinas de género el 10 de enero, argumentando evitar duplicidades administrativas. «Sus funciones serán absorbidas por un área más amplia de inclusión y desarrollo social», se justificó. No obstante, como advierten Crenshaw (1989) y Fraser (2013), las políticas de equidad no pueden abordarse de manera genérica, pues responden a desigualdades estructurales distintas y requieren estrategias específicas.
El impacto de estas medidas no es sólo simbólico. Según la CEPAL (2023), la desigualdad de género en América Latina ha aumentado en paralelo con la reducción de programas estatales de protección. En Chile, la Red de Observatorios de Género reportó un aumento del 27% en los casos de violencia de género post pandemia. Además, el Banco Mundial (2023) advierte que reducir las políticas de equidad afecta la economía, limitando la participación laboral de las mujeres y reduciendo el PIB de los países y la pregunta ¿cómo llegamos a este camino sistemático de retrocesos?
Lo cierto es, que si la igualdad de género deja de ser una política de Estado y se transforman en políticas de campañas presidenciales, las brechas persistirán, pero sobre todo la violencia estructural será imparable. El cierre de instituciones bajo el argumento de eficiencia administrativa es, en realidad, un retroceso en los derechos fundamentales. El impacto más grave con estas prácticas de gobierno es el aumento de la violencia contra la comunidad LGBTIAQ+. Según la Asociación ILGA-Europa el 2024 fue el año más violento de la última década para las minorías y disidencias de género en 54 países. Un informe de Amnistía Internacional (2024) concluye que el desmantelamiento de políticas de género facilita la violencia y la discriminación. Sin protección institucional, la persecución y los ataques se vuelven más frecuentes y quedan amparados dentro del marco de la legislación.
En Chile, la eliminación progresiva de políticas de género ha generado un preocupante silencio social, evidenciando la normalización del retroceso en derechos y el debilitamiento del compromiso público con la equidad. Sin instituciones que resguardan estos derechos, las brechas de género se profundizan y el Estado pierde capacidad de respuesta, afectando la democracia y la protección de derechos fundamentales. Frente al avance de discursos populistas y nacionalistas, el camino no es la resignación, sino la formación que refuerce la igualdad como un pilar ineludible de las políticas públicas.
Hoy más que nunca es imprescindible fortalecer la educación en derechos humanos y género, consolidar redes de apoyo y exigir políticas públicas efectivas, no desde el voluntarismo, sino desde el respeto de los derechos fundamentales que emanan de la naturaleza humana y que son reconocidos universalmente. La equidad de género no es una concesión política ni una tendencia pasajera. Su eliminación impacta directamente en la seguridad y el bienestar de miles de personas. ¿Se trata de una moda política o estamos ante un retroceso con consecuencias irreversibles para los derechos humanos?
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